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El derecho a ser oído y la defensa técnica a la luz de la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por Laura Rodríguez
Fundación Sur

I.- Introducción:

La ley 26.061 viene a operativizar derechos y garantías de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, proporcionando herramientas jurídicas y sociales tendientes a hacerlos efectivos.

En este contexto, el derecho de defensa técnica resulta ser una de las puertas de entrada para el cumplimiento de los derechos reconocidos.

El objetivo de este trabajo es plantear algunas dudas a las que nos enfrentamos los abogados que litigamos en defensa de derechos de niñas, y adolescentes para ir construyendo posibles respuestas que posibiliten perfeccionar nuestras defensas técnicas.

II.- El derecho de niños niñas y adolescentes a ser oídos a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

Tal como lo señala Baratta, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el artículo 12 y otros artículos (considérese, en particular, el artículo 13.1), introduce un gran principio innovador. Según este principio el niño tiene derecho en primer lugar a formarse un juicio propio, en segundo lugar a expresar su opinión, y en tercer lugar a ser escuchado. Nunca habían sido reconocidas, de modo implícito, la autonomía y subjetividad del niño y el peso que su opinión puede y debe tener en las decisiones de los adultos.
Ahora bien la Convención parece establecer ciertas limitaciones al derecho de expresión de los niños. Así establece el artículo 12 de la Convención que: “Los Estados Partes garantizaran al niño que este en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que afecten al niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo proceso judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas del procedimiento de la ley nacional”.

En este sentido, una interpretación estricta de la letra de la Convención podría permitir concluir que el derecho del niño a expresar su opinión esta quizás condicionado a que se encuentre “en condiciones de formarse un juicio propio”

Sin embargo, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires sentó postura firme al respecto, a punto de entender que corresponde anular de oficio las sentencias si el requisito de oír al niño no se ha cumplido por el tribunal, cualquiera sea la edad del niño. Sea cual fuere la edad del niño será imprescindible verlo porque este constituye el único y verdadero modo de saber de el, ya que para ser protegido el niño necesita la mirada de su juez. En consecuencia, se dispuso anular de oficio el fallo recurrido por no haberse cumplido con el requisito de la audición, pues la representación que el Asesor de Incapaces ejerce no suple, ni por ende subsana, la omisión del contacto personal”

Contrariamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que no es obligatoria la consulta directa de la voluntad del niño dado que la Convención hace referencia a “representante u órgano apropiado”· y por ello el requisito de la audición se cumplimenta con la intervención del asesor de menores .

Sin lugar a dudas, esta interpretación desvirtúa los ejes rectores de la Convención dado que la misma persigue la real y efectiva participación del niño en los asuntos que lo afectan, y no su marginación por parte de sus representantes.

En este orden de ideas, la representación legal se exhibe como un supuesto de heteronimia o ficción legal por la cual se le otorga al representante un poder en la esfera jurídica ajena por el cual solo es posible la actuación del representante, única voluntad a tener en cuenta en la formación del acto jurídico. . Es innegable que esta ficción jurídica se condice perfectamente con la doctrina de la situación irregular más no con el paradigma de la Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que trae consigo la Convención. Fácil es advertir que detrás de la noción de representación subyace la idea del niño como objeto de control por parte de sus padres y del asesor de menores , y jamás la noción del niño como sujeto de derechos, con autonomía progresiva para su ejercicio.

III.- El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos en el marco de la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las provincias se han adelantado a Nación sancionando leyes de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. En lo que hace al derecho a ser odio, diversas leyes provinciales han garantizado la participación directa y personal del niño en los procesos que lo involucran.
En este sentido, la ley 521 de la Provincia de Tierra del Fuego establece expresamente que: “El Estado Provincial garantiza el ejercicio personal y directo de este derecho, especialmente en todo procedimiento que afecte sus derechos, garantías e intereses”. De modo similar, la ley 3097 de Río Negro, dispone, en su artículo 8, que el niño tiene derecho a ser oído personalmente por el juez, y solo cuando ello sea absolutamente imposible se recurrirá a un representante u órgano apropiado.

Por su parte, la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, en su artículo 27 inciso c), entre los derechos y garantías que asisten al niño el de “ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite.

Al respecto, la ley 26.061 ha venido a incorporar, aclarar y ampliar una serie de derechos y garantías procesales a favor de los niños para todos los procedimientos judiciales que importan la conformación de un nuevo y mas ambicioso concepto de la garantía constitucional del debido proceso legal. Así, la ley consagra el derecho de los niños a ser oídos sin que este pueda intermediarse con la presencia de un represente u órgano apropiado, inclinándose por una verdadera inmediación, superando así las múltiples alternativas de la Convención. Entonces , el niño deberá ser escuchado cada vez que así lo solicite, máxime si este derecho debe ser interpretado conjuntamente con el derecho de participar activamente en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. De ello se sigue, que el juez no podrá rehusarse a escuchar al niño bajo el pretexto de haber escuchado en su lugar a un representante u órgano apropiado, así al defensor de menores, dictámenes periciales o informes de auxiliares del tribunal. Frente a esta negativa debería decretarse la nulidad de lo actuado, en consideración al orden público que gobierna esta materia.

Como lógica consecuencia, si hay un requerimiento formal del niño, niña y adolescente, el juez no tendrá alternativa y deberá tomar contacto directo con aquel.

Fuera de esta circunstancia especifica, también se deberá tender al contacto directo entre el niño y juez, como modo de operativizar su condición de sujeto de derecho, con capacidad progresiva de ejercicio.

En los casos que a los niños no se les haya designado un abogado de confianza, la petición de los padres para que se escuche a sus hijos debe ser equiparada al pedido directo de estos, dado que suelen ser los padres quienes conocen los deseos y necesidades de sus hijos y están obligados a propender a su cumplimiento.

Al respecto, el principio de autonomía progresiva considera que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, los cuales pueden ser ejercidos directa y progresivamente, con la dirección y orientación de los padres, conforme a la evolución de las facultades de los niños.

II.- La defensa técnica de niños, niñas y adolescentes en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

En principio, la Convención de los Derechos del Niño solo contempla el derecho de defensa técnica para los procesos penales. Establece, el artículo 40 que los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales a la asistencia jurídica.

Por su parte, el artículo 37 dispone que todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica.

La privación de la libertad debe ser interpretada en sintonía con la regla 11 b de las Reglas de las Naciones Unidas para los Menores Privados de su libertad. Es decir, como el internamiento en un establecimiento publico o privado del que no se permita salir al niño por su propia voluntad.

Es decir, el artículo 37 de la Convención remite a los diversos ámbitos, no solo los formales penales, sino a cualquier ámbito del Estado que pueda privar o restringir la libertad de un niño, niña o adolescente .

Entonces, la Convención garantiza tanto el derecho de defensa de los niños en conflicto con la ley penal como así también de los niños privados de su medio familiar, como medida protectoria.

Ahora bien, la Convención no contempla la defensa técnica, en otros ámbitos que también tienen potencialidad de restringir derechos de los niños, niñas y adolescentes, como ser procesos administrativos y procesos judiciales civiles, comerciales y laborales.

Indudablemente, el niño es una persona humana, a la cual le corresponden todos los derechos y garantías básicas que tanto la Constitución de un Estado como las Convenciones Internacionales confieren a cualquier persona, sin distinción de edad, al considerarla digna. A pesar de posibles interpretaciones restrictivas de la Convención , los niños son titulares del derecho de defensa, en todo proceso administrativo o judicial que los afecte , por tajantes disposiciones de la Constitución Nacional..

En este sentido, en la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana se señalo que en los procesos judiciales o administrativos que involucren a los niños se deben observar los principios y normas del debido proceso legal, atendiendo a las particularidades que se derivan de su situación especifica, y que se proyectan razonablemente sobre la intervención personal en dichos procedimientos

No obstante, no se desconoce que la titularidad de un derecho no implica su inmediata operatividad. En este sentido, es bienvenida la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya que especifica las garantías reconocidas, extendiendo el derecho de defensa técnica a todo proceso administrativo o judicial que involucre al niño.

Así el articulo 27 inciso c de la ley 26.061 reconoce a todo niño, niña y adolescente el derecho a ser asistido por un letrado especializado en niñez y adolescencia, en todo proceso administrativo o judicial –sea civil, penal, laboral, administrativo - que lo afecte. Tal abogado deberá ser proporcionado gratuitamente por el Estado, en caso que el niño, niña o adolescente carezca de recursos.

No deberá soslayarse el derecho de defensa técnica de los niños en los procesos administrativos, máxime cuando los mismos tienen potencialidad de ser restrictivos de derechos, como sucede en el caso de las medidas excepcionales de separación del medio familiar.

De modo evidente, el ingreso del abogado del niño al derecho nacional debe constituir una sugerente y fecunda manifestación que, como nuevo componente refuerce el proceso constitucional. .

Siguiendo esta línea argumental, de nada valdría el derecho a ser oído sino se lo puede ejercer de un modo útil y eficaz . En este sentido, la defensa técnica contribuirá a que las manifestaciones del niño no adquieran para el intérprete cualquier sentido, sino solo aquel tendiente a la irrestricta defensa sus intereses particulares.

III.-Diversos criterios jurisprudenciales en torno al artículo 27 de la ley 26.061
Coincidiendo con Mizrahi, el derecho de defensa técnica de niños, niñas y adolescentes no exige bajo ningún concepto como requisito determinada edad alcanzada por el niño. De este modo, aun niños de muy corta edad, tienen derecho a designar un abogado que defienda sus intereses particulares. En este orden de ideas, la garantía de defensa técnica debe verificarse cualquiera fuera la edad del niño. Esta conclusión surge nítidamente de la ley que en ninguna de sus normas condiciona tal derecho a la edad o grada de madurez alcanzo por el niño.

Sin embargo, este criterio interpretativo no ha sido pacifico ni en doctrina ni en jurisprudencia.

Así, el derecho de defensa técnica fue supeditado o bien a la edad del niño o bien la madurez alcanzada.

Seguidamente, agrupo y seguidamente analizo dos posturas contrapuestas. Por un lado la que condiciona el ejercicio del derecho de defensa a haber cumplido 14 años de edad, es decir la edad del discernimiento según pautas del Código Civil. Por otro lado, la que deja librada la solución del caso al concepto de la capacidad progresiva.

a) El criterio rígido del Código Civil. Discernimiento a partir de los 14 años de edad.
Este criterio se basa en la aplicación de los artículos 54, 55 y 921 del Código Civil, haciendo lugar a la designación de abogado de confianza solo si el niño ha cumplido 14 años de edad. Además, las personas menores de edad, al estar sujetos a la patria potestad, requieren el consentimiento de ambos padres para estar en juicio.

Tal postura surge del fallo de la Cámara Nacional Civil y Comercial, Sala K Se sostuvo que para contratar, designar, dar instrucciones y revocar a un abogado de confianza se requiere el discernimiento del patrocinado, es decir requiere la edad de catorce años. Por debajo de esa edad, de acuerdo a las normas de fondo, el menor sigue careciendo de capacidad de obrar y por ello, se encuentra sujeto a la representación promiscua del asesor de menores, como una forma de proteger sus intereses. Por ello, la nueva normativa debe ser interpretada en conjunción con la ya existente, pues una debida hermenéutica de la misma nos lleva a concluir que la categorización jurídica que le corresponde al menor por su corta edad es óbice para la designación de un abogado de confianza.

Señala esta postura que al sancionar la ley 26.061 el legislador no pretendió derogar las normas sobre capacidad del Código Civil, pues en tanto quiso derogar o modificar alguna norma en particular así lo hizo expresamente (artículos 71 y 73 de la ley 26.061 que modifican el artículo 310 del Código Civil)

Además, se sostuvo que la representación legal del menor sumada a la intervención del asesor de menores, torna improcedente la designación de abogado de confianza pues los intereses y derechos del niño se encuentran ampliamente protegidos y garantizados.

Ahora bien, a la luz de las prescripciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los artículos 54, 55 y 59 del Código Civil ya no podrán ser considerados en su sentido literal. Por un lado, en todo lo que hace a los derechos personalísimos, los niños los podrán ejercer por si y sin acudir al auxilio de terceras personas -en la medida de su madurez y desarrollo- a pesar de lo que surgiría de una lectura fría estos artículos. Por otro lado, la actuación del ministerio de menores, no tendrá que responder a la llamada ideología del patronato que –basada en la consideración del niño como objeto de protección- parte de la premisa de su incapacidad para todos los actos de la vida civil.

El Código Civil posee jerarquía inferior a la ley 26.061, máxime cuando la misma es reglamentaria de la Convención de los Derechos del Niños. Entonces, las normas civiles sobre capacidad de las personas menores de edad deberán ser reinterpretadas a la luz de la ley 26.061, receptando el concepto de capacidad progresiva -según criterios de madurez y desarrollo evolutivo de los niños que la nueva ley trae consigo- y abandonando los obsoletos y rígidos criterios de incapacidad del Código Civil - basados solamente en la edad cronológica de las personas menores de edad-.

Enfáticamente afirma Sabsay, todas las leyes nacionales referentes a la materia en tratamiento deben guardar conformidad con la Convención. Esto es así por un problema de orden de prelación, en tanto a partir de la reforma constitucional de 1994, los tratados “tienen jerarquía superior a las leyes” (art. 75, inc. 22, 1º párr. CN) Esto por lógica consecuencia también juega en relación con el Código Civil que formalmente como instrumento jurídico tiene la jerarquía de una ley nacional.

En base a lo expresado será necesario realizarle al Código Civil y demás leyes complementarias todas las modificaciones que correspondan, por ejemplo en cuestiones de capacidad, entre otras.
Es decir, resulta evidente que toda postura que se basa para restringir un derecho en los conceptos de incapacidad y representación del Código Civil resulta contraria a derecho.

b) La capacidad progresiva de las niñas, niños y adolescentes y su derecho a designar un abogado de confianza que defienda su interés de parte

Desde la incorporación y posterior jerarquización de la Convención sobre los Derechos del Niño, el régimen jurídico de la capacidad civil y representación de las personas menores de edad ha sido puesto en jaque. .

L a Convención ha venido a marcar una resignificación de las relaciones paterno filiales, en especial cuando su artículo 5 recuerda el derecho de los padres de impartir a sus hijos - en consonancia con la evolución de sus facultades- dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos. A partir de las nociones de autonomía progresiva los niños y adolescentes, van adquiriendo capacidad para el ejercicio personal de sus derechos.

De esta manera, tal concepto, resulta un elemento clave para comprender mejor la necesidad de una mayor precisión sobre el carácter transitorio y relativo –sólo por un tiempo cierto, y para algunas cuestiones- de la “incapacidad de ejercicio” de la infancia.

Frente a ello, se vuelve ineludible revisar los conceptos de incapacidad establecidos en la legislación interna, enquistados en la doctrina de la situación irregular y contradictoria con la noción del niño como sujeto de derecho. En otras palabras, se trata de deconstruir para reconstruir en base a los estudios actuales sobre psicología evolutiva como así también en atención a los avances y desarrollo del concepto de ciudadanía, lo cual significa el reconocimiento de una participación social más activa por parte de los niños y adolescentes en la vida actual .

La ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece el loable criterio de receptar la denominada "capacidad progresiva", en lo relativo a los actos que el niño puede ejercer directamente (arts. 19, inc. a) y 24, inc. b). Esta inserción es esencial, pues obligará a los jueces a no ajustarse al texto literal de los arts. 54 y 55 del Código Civil, superándose así el paradigma capacidad-incapacidad propio de la época tutelar en el que se inscribe nuestro Código Civil. El concepto de la capacidad progresiva se sustenta tanto en la capacidad de derecho o de goce, como en la capacidad de hecho o de ejercicio. No estará sujeto a una edad cronológica determinada, sino que habrá que verificar en cada caso el discernimiento del niño, , su madurez intelectual y psicológica y el suficiente entendimiento

Coincidentemente con esta interpretación, la resolución 1234 de la Defensoría General de la Nación insta a los asesores de menores - en aquellos supuestos que denoten complejidad, o se vislumbre la existencia de intereses contrapuestos, o la niña, niño o adolescente solicite asistencia técnico jurídica- se arbitren los medios para la provisión al niño de un abogado de confianza. Argumenta que el criterio de supeditación del ejercicio del derecho de defensa a edades cronológicas determinadas –sin atender al discernimiento del niño, a su estado intelectual y psicológico, al suficiente entendimiento y grado de desarrollo- no respeta el principio de capacidad progresiva o sistema progresivo de autonomía en función del juicio propio y madurez del niño o adolescente.

En este contexto, habilita la designación de abogados de confianza a niños menores de 14 años, condicionándolo a su grado de madurez, superando así el criterio restrictivo que limita el derecho de defensa a haber adquiere la edad de discernimiento según las pautas cronológicas del Código Civil.

Ahora bien, es cierto que el concepto de capacidad progresiva presenta cierta ambigüedad y vaguedad en su interpretación. Estas pueden dar lugar a la discrecionalidad judicial, vulnerándose de este modo la debida participación de los niños en los procesos que los afectan.
Para evitar tal discrecionalidad y la consiguiente vulneración del derecho del niño a la participación, su capacidad procesal para designar abogado de confianza deberá presumirse por el hecho que se presente con un profesional del derecho. Así, se produciría una inversión en la carga probatoria, siendo el juez el que deba acreditar y fundar de manera acabada la falta de madurez a pesar del pedido expreso de ser parte .

Siguiendo con esta interpretación, el decreto 2316/2003 de la Ciudad de Buenos Aires –reglamentario de la ley Básica de Salud- establece que se presume que todo niño niña o adolescente que requiere atención en un servicio de salud están en condiciones de formar un juicio propio y tiene suficiente razón y madurez para ello, en especial tratándose del ejercicio de derechos personalísimos, tales como requerir información, solicitar testeo de HIV y provisión de anticonceptivos.

Sin temor a equivocarme, la Convención y la ley 26.061 implican la inversión del principio de incapacidad del Código Civil, convirtiendo la capacidad en regla, y la incapacidad en excepción. Entonces, todo niño tiene derecho a ejercer el derecho de defensa técnica, presumiendo su capacidad para designar, remover y dar instrucciones a un abogado y quien alegue lo contrario deberá probarlo.

Por otra parte, resulta esencial recordar que el artículo 27 de la ley 26.061 también debe ser interpretado a la luz del principio pro homine. En esta línea, su interpretación habrá de ajustarse a la solución derivada de aquellas reglas de la hermenéutica que le concedan a la normativa bajo examen la mayor amplitud permitiendo la más plena vigencia de los derechos humanos, es decir que le otorguen el más amplio vigor al reconocimiento de los mismos. En este orden de ideas, vedarle al niño su acceso a la justicia para peticionar por sus intereses y derechos no parece ser el camino indicado si realmente se persigue garantizarles a niños, niñas y adolescentes el ejercicio efectivo de todos sus derechos.


IV.- El rol del abogado de confianza y el rol del asesor de menores

Con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niños, fuente legislativa de la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se termino de construir el llamado modelo de la protección integral de derechos. Según este nuevo sistema, se reconoce a los niños como sujetos de derechos, introduciéndose el concepto de autonomía progresiva para su ejercicio.

Ante un nuevo sistema con estas características, el rol del defensor de menores e incapaces, tal cual se encuentra regulado en el Código Civil y en la ley Orgánica del de Ministerio Publico Numero 24.946 , debe ser reinterpretado. Sin lugar a dudas, especialmente luego de la incorporación de la ley 26.061 a nuestro ordenamiento jurídico nacional, con la consiguiente derogación de la ley de Patronato de Menores 10903, nos vemos en la obligación de reinterpretar aquellos institutos que se basen en “eufemismos justificados por el argumento de la protección” los cuales impiden emplear los mecanismo de protección de derechos fundamentales propios del debido proceso .

Este defensor promiscuo fue concebido jurídicamente en un momento donde las personas menores de edad eran consideradas como objetos de tutela, compasión y represión y que, en consecuencia, el mundo adulto no les reconocía ninguno de los derechos y garantías inherentes a la persona humana.

Como consecuencia de concebir a la infancia, desde lo que no pueden o no saben, se estableció normativamente su incapacidad como una institución de protección y su representación promiscua, engendrándose un sistema que considera a los niños y jóvenes como objetos de protección tutela, donde sus intereses eran llamados a ser protegidos- tutelados por el Defensor Publico de Menores, sin que en nada interfiera la voluntad del representado.

En este sentido, se ha manifestado que el criterio de actuación del mismo es el de pronunciarse conforme a derecho, no debiendo necesariamente plegarse a la posición mas favorable a los interés del niño, y aun cuando su dictamen contrarié las pretensiones sustentadas por el representante individual del mismo

Sin dudas, todo criterio empleado para la determinación del interés del niño tiene una orientación paternalista. En el se contiene una visión de lo que conviene al niño que puede coincidir o no con lo que el niño cree que le conviene. A esta disyuntiva a favor de la mirada adulta, se la ha denominado “paternalismo jurídico justificado”

La defensa de estos derechos interesan a la Sociedad y al Estado y no pueden confundirse con la defensa técnica que, en el marco de un proceso judicial, se traduce en la asistencia propia de un abogado del niño, a quien se le asigna la defensa de los intereses particulares en un conflicto concreto y presta su conocimiento técnico para que se dicte una decisión jurisdiccional favorable a la voluntad del niño. Al respecto, resulta difícil sostener que el Ministerio Público defienda en el mismo proceso el interés particular y concreto del niño o adolescente parte y, al mismo tiempo, el interés general y abstracto de la comunidad” .

De modo evidente, la vigencia normativa del Paradigma de la Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a que la actuación del ministerio de menores no responda a la doctrina de la situación irregular- basada en la consideración del niño como objeto de control discrecional por parte del asesor de menores-.

Como lógica consecuencia, hasta tanto se reformule normativamente la figura del asesor de menores, el órgano especial instaurado por el Código tendrá que velar por el cumplimiento irrestricto de la ley respecto de los niños, pero sobre todas las cosas cuidando que se respete su desarrollo autónomo en el marco de la capacidad progresiva que incorporen tras su actuación cotidiana. Así el asesor de menores deberá ser reinterpretada como un plus de protección o sistema de garantías extras para los niños que están incluidos en un litigio judicial.
En este contexto, jamás la representación necesaria del ministerio público será obstáculo para que el niño designe libremente su abogado de confianza. Muy por el contrario, como ya fuera mencionado son funciones del asesor de menores velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, y entre ellos, el derecho de defensa material y técnica. Así el ministerio publico como sistema de garantías extras en el proceso judicial deberá fiscalizar el cumplimiento del debido proceso legal, debido proceso que supone inexorablemente la actuación del abogado de niñas, niños y adolescentes. En esta línea, en caso que el niño no designe su abogado de confianza el asesor de menores deberá arbitrar los medios necesarios para la designación de oficio de un abogado que defienda los intereses particulares de la persona menor de edad.

Por todo lo dicho, la figura del asesor de menores y la del abogado de confianza de niños, niñas y adolescentes no puede ni debe confundirse. En este sentido, el abogado de confianza defiende los intereses particulares del niño y el asesor de menores ejerce la representación necesario del mismo, debiendo custodiar el irrestricto cumplimiento de la ley.

Tal diferencia surge claramente del decreto reglamentario 415. Establece que el derecho a la asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo 27 incluye el de designar un abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo o judicial todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar.

Siguiendo con este razonamiento, el abogado de confianza de niños, niñas y adolescente defenderá el interés superior del niño según la mirada de la persona menor de edad, siguiendo sus instrucciones. Por su parte, el asesor de menores defenderá el interés superior del niño según la mirada adulta y el cumplimiento de todos sus derechos.

Sin embargo, es esencial hacer lugar a la opinión del niño, por mas que ella desde la mirada adulta sea contraria a la definición propia de su interés, dado que significa de por si que el niño sea protagonista, materializándose así la noción de sujeto de derechos, con capacidad progresiva de ejercicio

V.- Facultades procesales del abogado de confianza de niños, niñas y adolescentes

La directiva legal que garantiza al niño su derecho a participar activamente en el procedimiento (artículo 27 inciso d) implica que podrá intervenir en la causa sin limitaciones discriminatorias, por lo que deberá revestir la calidad de parte, y como tal, con derecho a plantear en el escrito constitutivo una formula distinta a la de sus padres y a la del asesor de menores.

El derecho a ser oído se materializa en la asistencia técnica especializada que le permitirá al niño ejercer adecuadamente su derecho de defensa material. Tal defensa técnica, debe responder a un interés parcial, existiendo un deber de lealtad del defensor hacia su defendido.

Entonces, el abogado de confianza deberá alejarse de todo forma de paternalismo, siguiendo las instrucciones del niño, único protagonista en cuanto a la definición de su interés particular.

Mención especial merece la confidencialidad con respecto a los padres. En este sentido, el niño tiene derecho a entrevistarse privadamente con su abogado y cualquier injerencia de los padres en estas entrevistas y en las instrucciones que el niño de a su abogado resultan claramente arbitrarias. Más aún, toda divulgación que hiciere el abogado de la información y deseos del niño, implica una grosera falta a su deber de lealtad y confidencialidad.

Para cumplir cabalmente su cometido el abogado de confianza del niño deberá ofrecer prueba y controlar la prueba presentada por las otras partes del proceso, como así llevar a cabo todas las demás actuaciones procesales tendientes a sostener la postura del niño.

Por supuesto el niño gozara del derecho a apelar, tal como expresamente lo autoriza el artículo 27 en su inciso d.

En lo referente al derecho de los niños de recurrir frente a cualquier decisión que lo afecte, supone el reconocimiento de una doble instancia. Ahora bien, la doble instancia no es garantía constitucional en los procesos civiles, mas si en los procesos penales. Por esta razón, se ha estructurado en el ámbito nacional y en distintos ordenamientos provinciales, procesos de única instancia. Procesos que deberán ser revisados a la luz de la ley 26.061.

La misma explicita el derecho de las personas menores de edad a recurrir frente a un superior, cualquier decisión que lo afecte, lo cual supone la existencia de un órgano distinto, diferenciado y jerárquicamente superior que revise la decisión.

VI.- El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público como garantes del cumplimiento del artículo 27 de la ley 26.061. La participación activa de las organizaciones de la sociedad civil


La ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, en su artículo 27, que los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de los todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional , la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, lo siguientes derechos y garantías…c) a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos, será proporcionado gratuitamente por el Estado.

Es decir, la ley 26.061 obliga al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a adoptar medidas de acción positiva tendientes a operativizar el derecho de defensa técnica. Específicamente, son los jueces y asesores de menores los encargados de custodiar, activa y oficiosamente, la vigencia en concreto de las garantías procesales en cada controversia.

Por ello, es loable la resolución 1234 de la Defensora General de la Nación dado que por la misma se insta a los integrantes del ministerio público a dar cumplimiento a la garantía de defensa técnica de niños, niñas y adolescentes. Dispone la resolución, como ya fuera citada RECOMENDAR a los Sres. Defensores Públicos de Menores e Incapaces que, en aquellos supuestos que denoten complejidad o se vislumbre la posibilidad de existencia de intereses contrapuestos o sea solicitado por el niño/niña/adolescente, se arbitren los medios para la provisión de su letrado y se inste, en los casos que corresponde, por vía directa o indirecta al organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que se le ha asignado normativamente el rol de garante de su cumplimiento en ese ámbito – Consejo de lo s Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- (arts. 27 inc. “c” de la Ley 26.061, 27 del Decreto 415/2006 y 45 de la Ley 114 de la Ciudad ).

De igual modo, algunos jueces han derivado oficios al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin que asuman la defensa técnica de personas menores de edad involucradas en procesos judiciales

A nivel nacional, según disposiciones del decreto 415, se convoca a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a que a la brevedad, a fin de garantizar los derechos de los sujetos de la ley 26.061, adopten las medidas necesarias para garantizar la existencia de servicios jurídicos que garanticen el acceso al derecho previsto en el artículo 27 inciso c. A tal efecto podrán recurrir a abogados que sean agentes públicos y/o convenios con organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados o universidades.

Sin embargo, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires, en el resto de las provincias no hay antecedentes de iniciativas de parte de los poderes ejecutivos tendientes a proporcionar gratuitamente a los niños que los soliciten abogados.

Resulta esencial, recordar que el artículo 1 de la ley 26.061 establece que los derechos reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente ley corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de las medidas expeditas y eficaces.

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil están legitimadas para interponer acciones colectivas a fin de obligar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para proveer a los niños, niñas y adolescentes abogados gratuitos especializados.

VII.- La situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Desde su creación por la ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Red de Defensorías Zonales, han proporcionado asistencia técnica gratuita a niños, niñas y adolescentes, y sus familias. La sanción de la ley 26.061 trajo consigo la asunción del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de las funciones correspondientes a órgano local de aplicación de la ley nacional.

De ello se desprenden ciertas incompatibilidades para el ejercicio conjunto de sus funciones de organismo administrativo de protección y de abogado de confianza de niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, la resolución 246 del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispuso que:

“Artículo 1: Las Defensorías Zonales y los profesionales designados en el área Legal y Técnica del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tienen a su cargo la implementación de medidas de efectivización y protección integral de derechos. Asimismo ejercen el patrocinio jurídico gratuito y la asistencia letrada de niños, niñas y adolescentes en todo expediente administrativo y judicial que los involucre

Artículo 2: En aquellas tramitaciones en que exista contradicción entre la opinión y deseo del niño y la definición de protección de derechos del equipo profesional interviniente, la Defensoría Zonal adoptará la medida que corresponda, incluidas las denominadas excepcionales, debidamente fundadas según el procedimiento habitual, y solicitará a la presidencia del organismo la designación de un abogado/a para la observancia de los procedimientos reglados en la actual legislación de infancia

Artículo 3: La presidencia del organismo, o a quien este delegue esta atribución, designara a estos profesionales utilizando los servicios de otras entidades publicas de la CABA o las organizaciones no gubernamentales especializadas que brinden patrocinio jurídico gratuito, de acuerdo a las convenios existentes o a realizarse”.

Específicamente, en las medidas de protección –sobre todo en las excepcionales (art. 39 de la ley 26.061) y en lo que hace al “abogado del niño” el mencionado circuito reconoce la posibilidad de un conflicto de intereses, generador de cierta promiscuidad. P romiscuidad en tanto, las Defensorías de Ciudad cumplen funciones tanto de abogado de confianza como funciones jurisdiccionales, al decidir –como órgano local de aplicación de la ley 26.061- las medidas de protección integral de derechos y la medida excepcional de separación del medio familiar.

A fin de no vulnerar el debido proceso legal, deviene necesario que quien adopte la medida administrativa- que involucra seriamente los derechos del niño- no sea quien lo defienda.
Esta posible contradicción de interés entre el niño, y el del órgano local de aplicación, es percibida- aunque sin ser resuelta- por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Así, se establece que, en caso de desacuerdos entre el niño y los equipos técnicos de las defensorías zonales, la presidencia del Consejo de Derechos designará abogados pertenecientes a otros servicios públicos u organismos no gubernamentales de la Ciudad de Buenos Aires.

Es decir, la designación de abogados a los niños, niñas y adolescentes, en la tramitación de los procesos administrativos, queda supeditada a que se perciba la contradicción de intereses y a que estas entidades públicas u organismos no gubernamentales asuman la defensa técnica del niño.

En este orden de ideas, la Defensora general de la Nación ha instado a los miembros del ministerio publico a arbitrar medidas para designar abogados de confianza a los niños, identificando como responsables institucionales, en el ámbito de la Ciudad , al Consejo de Derechos. Siguiendo estos lineamientos, jueces y asesores de menores nacionales han remitido oficios al Consejo de Derechos, para que asuman la defensa técnica de niños. Sin embargo, nadie parece advertir, que los abogados del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y adolescentes –en el caso concreto que hayan actuada o vayan a actuar como órgano local de protección- podrán tener intereses contarios a sus defendidos, haciéndose de este modo imposible el ejercicio de la defensa técnica.


VIII Conclusiones.-

La ficción jurídica de la representación –ya sea legal o promiscua- ha vedado el derecho de defensa de las personas menores de edad. La sanción de la ley 26.061 trajo aparejado el reemplazo del paradigma de la incapacidad de los menores por su participación activa en todo proceso administrativo o judicial que lo afecte.

Resta aun, una política publica rigurosa y sostenida tendiente a proporcionar gratuitamente a los niños, niños y adolescentes un abogado de confianza para que la infancia pase a recibir la mas calificada atención jurídica.


BARATA, Alessandro, “Infancia y Democracia” en Infancia y Democracias en América Latina, análisis critico del panorama legislativo en el contexto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1999-1998), Desalma, 1998
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Kielmanovich Jorge, “Reflexiones procesales sobre la ley 26.061” , en Revista La Ley , año 2005 – F – 987.-
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Morello de Ramírez, María Silvia y Morello, Augusto M.,ob citada.
MIZRAHI, Mauricio, ob citada, página 78
“Por ello y sin adentrarse la discusión sobre el derecho alegado, lo cierto es que la nueva normativa debe ser interpretada en conjunción con la ya existente pues una debida hermenéutica de la misma nos lleva a concluir que en el presente caso la escasa edad del menor, tres años, impide que pueda considerarse la actuación como parte legitima de un letrado patrocinante que no fue elegido por el interesado encontrándose en imposibilidad de condiciones de comprender la transcendencia de dicha actuación (artículo 921 del Código Civil) CNCiv., sala K, 2006/09/28, en DJ página 872.
Juzgado Nacional Civil 84 en autos “MG c PCA s/ tenencia de hijos”
MIZRAHI, Mauricio, ob citada, pagina 82.
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SABSAY, Daniel Alberto, ob citada, página 21.
BALDARENAS, Jorge A.; “¿Son los “menores”… incapaces?”, en la Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia Derecho de Familia , nro. 11, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 79. En este sentido, agrega este autor que se trata de “rescatar la capacidad de que en todo ser humano existe, incluidos los niños y jóvenes, sin perjuicio de las dificultades materiales que pueden haber para ejercer personalmente los derechos y deberes que de tal situación se derivan” (p. 80).
MINYERKI, Nelly, ob citada, página 54.
MINYERSKY; “Derecho de Familia y aplicación de las Convenciones Internacionales sobre niños y mujeres”, op. cit., p. 103; GROSMAN, Cecilia P., “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia”, LL , 1993-B-1095; REARTES, Julia; Infancia y Derechos: algunas cuestiones a debatir ; en JA , 1994-IV-904; GETO, Maria del Carmen; La nueva normativa en materia de capacidad de obrar de las personas , Civitas, Madrid, p. 26; BELOFF Mary; Los derechos del niño en el sistema interamericano , Del Puerto, Buenos Aires, 2004; CILLERO, Miguel; “Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios”, en Derecho a tener derecho , UNICEF/ IIN, Montevideo, 1998, t. 4, p. 34 y ss., entre otros.
MIZRAHI, Mauricio, ob citada, pagina 75.

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CIDH, Opinión Consultiva N 17 citada
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GIL DOMINGUEZ, Andres, FAMA, María Victoria y HERRERA, Marisa, “Derecho Constitucional de Familia”; Editorial Ediar, página 645
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MORELLO DE RAMIREZ, Maria Silvia, “El derecho del menor a ser oído y la garantía del debido proceso legal, página 53
.- Urbano Franco Maximiliano - Urbano Juan Rafael y Otro s/ Protección de Persona” (Juzgado en lo Civil Nº 102, Lavalle 1212, 7º Piso.- Expte 91426/2005).-

Trabajan fabricando arcos de fútbol

Javier Martín jmartin@diariouno.net.ar

SAN RAFAEL– Un proyecto inédito en la provincia se puso en marcha hace pocos días en este departamento. Se trata de una fábrica de arcos de fútbol –su destino serán los distintos barrios– que son elaborados por chicos con vulnerabilidad social.La original idea apunta a contener y desarrollar a los jóvenes que pasaron o actualmente están alojados en hogares de la Dinaadyf debido a algún tipo de conflicto social o judicial.La presentación del proyecto consistió en la entrega a un barrio del primer arco fabricado.

Allí estuvieron haciendo “el aguante” el ministro de Desarrollo Social, Sergio Pinto; el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, y el director de la Dinaadyf, Gabriel Conte.

Precisamente este funcionario destacó la movida de los chicos. “Es muy importante por la implicancia social que tiene. Se trata de la primera fábrica popular de arcos de fútbol, que se llaman Manso Golazo, que es como los pibes le dicen. Sirve para darles herramientas de trabajo a chicos que tuvieron problemas y evitar que otros lo tengan”, dijo Conte.

Los talleres donde se fabricarán arcos, aros de básquetbol, parrillas y otros elementos especiales funcionan en la Villa 25 de Mayo, en las instalaciones donde antes estaba el Patronato y cuyas máquinas llevaban diez años paradas.“Estos chicos –advirtió Conte– estuvieron en situación embromada y la prioridad es enseñarles a trabajar. Son jóvenes que no vieron trabajar ni a sus padres y ni a sus abuelos. Al principio va a costar levantarse temprano y aprender a usar las herramientas porque para ellos la cultura del trabajo es una novedad, pero van a fabricar cosas de utilidad que van a ver concretas en sus propios barrios”.

El primero de varios Según precisaron los funcionarios, el costo para poner en marcha los talleres fue bastante económico, apenas $1.000. Y además servirá como prueba piloto para luego llevar proyectos similares al resto de la provincia.El delegado local de la Dinaadyf, Gustavo Telesca, destacó que “son talleres de capacitación para adolescentes y para padres de chicos en situación de vulnerabilidad. Se trabajará en electricidad, soldadura electrónica y carpintería: son chicos en riesgo, no necesariamente internados”.

Publicado por Diario Uno el 11 de Agosto de 2007

Bajó a la mitad la cantidad de niños institucionalizados

Ana Montes de Oca anamontesdeoca@diariouno.net.ar

Gracias a los diversos programas implementados por la Dinaadyf para que los chicos no deban ser institucionalizados, la cantidad de menores que viven en la ex Colonia 20 de Junio bajó a la mitad y actualmente quedan cerca de 30 chicos.

Así lo confirmó el titular de ese organismo, Gabriel Conte, quien explicó que la incorporación de familias receptoras ayudó a bajar el número de internados.

Si bien todavía son muy pocas las familias que se registraron dentro de esa modalidad de cuidado, el funcionario consideró que es una buena alternativa porque son familias con un gran concepto de solidaridad, de clase media, que se hacen cargo del chico para que no caiga en la internación.

A diferencia de las familias cuidadoras, las receptoras reciben ayuda económica para la manutención del chico pero como apoyo. Las familias cuidadoras reciben más dinero porque, de alguna manera, se les paga para que cuiden al chico.

Recuperar las raícesPor otro lado, las receptoras tienen al menor por un período breve, mientras que a nivel social y judicial se trabaja para lograr la restitución a la familia biológica del pequeño.

Además, una diferencia muy importante es que los hogares receptores se buscan dentro del mismo barrio del chico con problemas en su casa, para que no pierda su lugar ni su grupo de pertenencia.

Ana Rosich, gerenta de Niñez y Adolescencia de la Dinaadyf, precisó que el registro tiene apenas diez familias, pero que en muchos casos los municipios ayudan a conseguir alguna cuando un chico tiene algún problema en la casa.

En cuanto a las familias cuidadoras, la cifra roza las 700, con casi 1.000 chicos albergados.

En cuanto a los que aún quedan, además de la treintena de la Colonia 20 de Junio, el problema se centra en la Casa Cuna.

La cantidad de chiquitos que viven allí es difícil de precisar porque es muy fluctuante, pero es muy problemático derivarlos a otro lugar, ya sea a familias cuidadoras o receptoras porque, o son muy pequeños, o tienen discapacidades muy fuertes y nadie los acepta.

Gabriel Conte puntualizó también que no siempre son chicos que están en condiciones de ser adoptados porque sus padres aún los visitan y tienen contacto con ellos y la Justicia no los da en adopción siempre que exista la posibilidad de mantener el vínculo familiar. Y aclaró: “Tampoco se trata de solucionarles el problema a quienes no pueden tener hijos, sino de solucionarles el problema a los chicos que no tienen familia”.

Publicado por Diario Uno el 11 de Agosto de 2007

Experiencias: Justicia hecha para mujeres

Escrito por Aline Gatto Boueri en Comunidadsegura.org.
La primera penitenciaria femenina de Brasil fue inaugurada en 1942. Desde entonces, pocas acciones se llevaron a cabo para que las instituciones tengan una atención especializada, que obedezca a las especificidades del sexo femenino con relación a la rehabilitación y reintegración de condenadas.
Resultado de una alianza entre la Comisión Municipal de Derechos Humanos (CMDH) de São Paulo, la Secretaría Estadual de Administración Penitenciaria (SAP) del estado de São Paulo y el Ministerio de Justicia, se inauguró hace cinco meses en São Paulo la primera Central de Penas Alternativas orientada exclusivamente al público femenino. Es una experiencia nueva y su gran valor es estimular que el sector judicial aplique penas alternativas", afirma el ex ministro de Justicia y presidente de la CMDH, José Gregori, que garantiza que hasta hoy no hubo reincidencia en el programa.
Atención especializada Las mujeres a las que se les encamina a la atención en la Central pasan por una entrevista para que se conozca su perfil psicosocial y se identifiquen sus habilidades. Así, de acuerdo con el delito cometido y dentro de las posibilidades ofrecidas por el proyecto, se les orienta a las condenadas a la prestación de servicios más adecuada. “Este análisis es muy importante en lo que se refiere al rasgo específico para género en la atención a mujeres”, cree Mauro Bitencourt, director general del Departamento de Reintegración Social de la Administración Penitenciaria del estado de São Paulo.
La Central, que tiene capacidad para ofrecer seguimiento a mil mujeres al mes, ya ha recibido a 368 mujeres desde octubre y, en este momento, atiende a 291 condenadas que cumplen medida alternativa de prestación de servicios comunitarios. “La alianza con el Ministerio de Justicia garantiza recursos para la contratación de una entidad de captación de socios con el objetivo de montar una red especializada en atender a demandas identificadas en la entrevista inicial” cuenta Bitencourt. “Estamos enviando a la consultoría jurídica del sector el pedido de contratación de esa entidad sin finalidad de lucro y especializada en la atención a la mujer", informa. Con ello, la SAP espera ampliar la atención.
Las mujeres a las que se les dirige a la prestación de servicios son las que cometieron delitos de menor gravedad. Según Gregori, los delitos más comunes son fraude, crímenes contra el patrimonio y la participación de alguna etapa de las actividades del narcotráfico, en general como “cargueras”. Por el momento, no hay expectativa de que otros tipos de delito puedan tratarse con medidas alternativas, pero Gregori cree en la funcionalidad de la medida. “Caso haya un cambio en la mentalidad y en la percepción de que las leyes penales deben evaluarse, perfeccionarse y complementarse continuamente, creo que la prestación de servicios se aplicará en más casos", analiza.
Seguimiento de la medida es estímulo al sector Judicial En ese sentido, se hizo un esfuerzo para concienciar a jueces, que son constantemente estimulados a aplicar penas alternativas en el estado de São Paulo. “Hicimos campaña con el sector judicial y enviamos un oficio a todos los jueces de esta central”, cuenta Bitencourt. El envío periódico de planillas e informes sobre el cumplimiento de la pena es determinante para que los jueces se sientan cómodos al sentenciar la prestación de servicios. “Hasta entonces, el seguimiento era empírico, no había como garantizar que la pena se estaba cumpliendo”, explica Gregori.
A pesar de tantos avances, uno de los principales problemas en la atención a mujeres condenadas no está formalmente solucionado. No hay ley que garantice atención diferenciada a embarazadas y lactantes. “Hay buena voluntad de la CMDH con relación a estas mujeres, pero formalmente no hay garantías de tratamiento diferenciado", afirma el ex ministro.
Todavía no hay indicadores formales basados en la atención prestada por la Central, pero la expectativa del presidente de la CMDH es optimista. “La adecuación para ambientes que puedan representar para las mujeres un enriquecimiento de personalidad, un aumento de perspectiva, y si las estadísticas de reincidencias son insignificantes, como espero, el modelo va a representar un cambio importante en el sistema penitenciario”, espera Gregori.

En Mendoza aumentan los casos de maltrato infantil

Ayrton Brian Godoy tenía tres años recién cumplidos. En ese entonces, Yoryi, como todos lo conocían, ya se había lanzado a caminar y a hilar frases enteras. Como todo niño de su edad, los juegos y su familia eran lo más importante en el mundo. Pero el viernes 10 de mayo de 1996, una golpiza le provocó la muerte.
Tres años más tarde, Rosario Belén Amitrano, de un año y medio falleció en el hospital Humberto Notti, producto de una infección generalizada. En 2003, 2005 y 2006, hechos similares conmovieron otra vez a la sociedad. Hoy, la herida volvió a recrudecer: el jueves 17 de mayo de 2007 Micaela Reina, de 12 años, fue encontrada muerta en la pileta de una bodega abandonada en Guaymallén.
En algún punto se unen las historias que duelen y casi no dan lugar a explicaciones. Es que más allá del rumbo que las investigaciones hayan tomado en la Justicia, en todos estos casos extremos, sus propios padres fueron los primeros sospechosos. Así, nuevas preguntas se plantean al analizar las causas del maltrato infantil, una problemática que lejos de disminuir se incrementa en Mendoza. Especialistas en salud mental, sociólogos, trabajadores sociales y pediatras coinciden en que esto no es sólo una sensación. Hablan de una sociedad cada vez más violenta en la que los niños sufren las peores consecuencias en su propia familia; aquella que debería velar por su seguridad, bienestar e integridad física y psicológica, sobre todo durante los primeros años de vida.
Las estadísticas sirven para despejar toda duda en cuanto a la gravedad de los hechos. En 2004, el Programa de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia atendió 14.338 casos relacionados con los distintos tipos de maltrato (ver aparte). Un año más tarde esa cantidad trepó a 14.593, incluyendo a los padres que recibieron tratamiento. De ese total, el 25% fueron chicos menores de 4 años, la mayoría (13%) bebés hasta los 12 meses. Según Marta Stagni, jefa de esa dependencia estatal, actualmente se encuentran procesando los datos de 2006. Si bien la profesional destacó que éstos podrían ser similares a los de 2005, aclaró que en los últimos meses “se han visto situaciones cada vez más terribles por el estado en que los chicos llegan a los hospitales”.
En promedio, la línea 102, habilitada por el programa recibe 500 llamadas diarias. De ellas, cerca de 50 corresponden a denuncias realizadas por vecinos, familiares en segunda instancia -como los abuelos- y docentes, entre otros. Sin ir más lejos, en el hospital Humberto Notti, donde funciona el Grupo de Alto Riesgo (GAR) -que atiende a los casos más complicados- a la fecha se encuentran internados ocho pequeños. Además, esta unidad recibe entre cuatro y cinco interconsultas diarias por parte de los pediatras. Ellos son quienes detectan el problema a partir de la consulta. Silvina Mollo, gerente técnica del programa, coincidió con Stagni y Américo Benegas, pediatra y jefe del GAR. La licenciada en Trabajo Social aseguró que “los niños llegan golpeados, con traumatismos de cráneo, fracturas en el cuerpo y lesiones de abuso sexual”.
Las explicaciones para encontrar el por qué de estos episodios son numerosas. Para la socióloga Graciela Cousinet, entre los argentinos subsiste una cultura patriarcal, que de por sí se impone con patrones de conducta violentos que a través de las generaciones se han naturalizado. Pero a esto se suman otros factores. “Las situaciones de estrés ocasionadas por crisis familiares, problemas laborales, inseguridad permanente y angustia hacen que las reacciones agresivas que se viven en la calle se potencien dentro del hogar”, analizó Cousinet. El cóctel aún es más nocivo si alguno de los progenitores consume drogas o alcohol.
En este sentido, Mollo se refirió a la urgencia de dejar de lado la cultura del “no te metas” y denunciar cada sospecha (ver aparte), ya que “todos somos responsables cada vez que un chico sufre”. Juan Reboredo, psiquiatra infantil y director de la Unidad de Internación en Crisis (UIC), explicó que el maltratado no se da sólo una vez, sino que “generalmente son hechos que se repiten desde que el niño nace”. Al contexto se agregan las características psíquicas y la historia personal de los progenitores, que muchas veces repiten el modelo aprendido en la infancia. “Durante mucho tiempo se creyó que los golpes eran una forma de la enseñanza y eso aún no ha desaparecido del todo”, agregó Reboredo. Ensamblados a la tríada: situación- niño -personalidad de los padres aparecen procesos mentales que se desencadenan, la mayoría de las veces, dejando secuelas físicas y psicológicas que se manifiestan en todas las etapas de la vida.
“En general son personas que a pesar de ser adultos tienen muchas inseguridades y baja autoestima que generan un mal manejo de la tensión. Por eso descargan la ira con el más indefenso del hogar”, sentenció el especialista.Cumplir con un tratamiento adecuado es el método de prevención más aconsejable, sobre todo si se trata de trastornos de la personalidad que pueden desencadenar en una tragedia.
Tipos de daños

Físico. Es el uso intencional de la fuerza física mediante la que se castiga al niño.

Psicológico. Insultos, amenazas, desprecios, humillaciones, burlas que causan un deterioro emocional, social e intelectual del niño.

Negligencia. Falta de atención y cuidados básicos que lleven a un deterioro en su desarrollo y afecten su salud.

Abuso Sexual. Cualquier acción que implique a niños en actividades sexuales. El adulto se posiciona desde el poder, la autoridad o sometimiento.

Institucional. Omisión del poder público o privado para hacer valer los derechos del niño.

Teléfonos para denunciar

Capital. Centro de Salud N°1, Barrio San Martín: 4444792, Centro Infanto Juvenil: 4307641 y Centro de Salud N° 300 del barrio La Favorita.

Godoy Cruz. Centro de Salud N°30: 4220001. Centro de Salud barrio La Estanzuela: 4393862. Centro Infanto Juvenil: 4220836.

Guaymallén. Centro de Salud N°16: 4261018. Centro de Salud N°5, Rodeo de La Cruz: 4910322.

Maipú. Hospital Paroissiens: 4972277. Metraux: 4921000.

Las Heras. Delegación Municipal: 4470242. Centro de Salud N°139, barrio Municipal: 4444325.Conin: 4488886. Hospital Gailhac: 4511301.

Lavalle. Hospital Sícoli: 4941065.

Luján de Cuyo. Centro de Salud N°31: 4980709.

San Martín. Hospital Perrupato: 02623- 420161.

Rivadavia. Hospital Saporiti: 02623- 442253.

San Rafael. Hospital Schestakow: 02627- 424291.

Tunuyán. Hospital Scaravelli: 02622- 422324.

Tupungato. Hospital General Las Heras:02622- 488293.

San Carlos. Hospital Tagarelli: 02622-451111 o 451166.

Agresiones: un delito factible de prisión

De acuerdo al análisis del abogado Dante Vega, el maltrato infantil no aparece especificado en el Código Penal Argentino como un delito. Sin embargo, en él sí se hace referencia a las lesiones ocasionadas hacia la persona (de cualquier edad).

En primera instancia es la Justicia de Familia quien decide acerca de la situación y determina, de acuerdo al caso si quita o no la patria potestad a los progenitores. “El maltrato debe estar comprobado por un juez de familia, quien una vez que cuenta con la acreditación de las lesiones emite una compulsa legal a la fiscalía”, explicó Vega.

En cuanto a las condenas, dependen de la gravedad y el tenor de las lesiones, con el agravante de que se trata de un niño indefenso. Por otra parte, Leyes Nacionales (la 26.061, sancionada el año pasado) y locales (6.561) vigentes establecen la obligación de los padres y el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño y el adolescente de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la cual nuestro país forma parte desde 1990.

En los documentos, también aparece la obligación de la sociedad para denunciar los hechos de abuso y malos tratos.

(Zulema Usach, Los Andes, 27 de mayo de 2007)